La seguridad de instalaciones logísticas militares ajustada a la ley.

Abstract

El funcionamiento de la Armada Argentina se apoya y sostiene desde los distintos establecimientos militares que sirven de bases logísticas. Cualquiera sea su magnitud o denominación, siempre satisfacen al menos un Elemento Funcional de la Logística que permite mantener el adiestramiento y operatividad de la fuerza, razón por la cual se torna necesaria su protección y mantenimiento del orden interno. Estos establecimientos, por su dependencia de autoridades militares y por la responsabilidad de su protección endilgada a las fuerzas armadas, son denominados, jurisdicción o zona miliar. Actualmente, la Armada Argentina posee dos entes destinados a brindar vigilancia y seguridad de las instalaciones y bienes militares y mantener el orden interno dentro de la jurisdicción militar. El primero es un sistema de carácter militar, constituido por Unidades y Subunidades de Seguridad, cuya función principal es mantener la integridad física de los establecimientos militares y elementos materiales que se destinen bajo su órbita. El segundo, es una dependencia no militar destinada a brindar la seguridad física a establecimientos navales llamada Policía de Establecimientos Navales, creada en la década de 1950, a la que se le atribuyeron funciones y responsabilidades policiales en el ámbito de la justicia militar y que mantienen hasta el presente. El avance normativo de la sociedad y el regreso a un gobierno democrático impulsó el cambio del marco jurídico de fondo de las fuerzas armadas y obligó a revisar su estructura, especialmente en los casos donde éstas actúan en cuestiones atinentes a la seguridad interior. El presente trabajo tiene por objetivo general contrastar la estructura organizacional actual abocada a la seguridad física y el mantenimiento del orden público dentro de instalaciones logísticas militares con la legislación vigente. Finalmente, se fundamenta la hipótesis de que el ejercicio de la seguridad física y el mantenimiento del orden público dentro de las instalaciones logísticas militares de la Armada presenta aspectos discordantes respecto de la legislación vigente que atentan contra su integración y comprometen la legitimidad del ejercicio.